La demanda de atención en salud mental crece y tensiona los sistemas públicos del país

El movimiento comienza antes de que termine el día en las guardias de los hospitales generales. En la provincia de Buenos Aires, el 30 por ciento de las consultas que llegan a esos servicios está relacionado con problemas de salud mental, una cifra que refleja el peso cada vez mayor de una demanda que los sistemas públicos todavía no conseguem absorber con comodidad.

Según un relevamiento coordinado por la Universidad Nacional de Lanús, las consultas ambulatorias por problemas de salud mental aumentaron 23 por ciento en el último año, mientras que las internaciones se incrementaron 42 por ciento entre 2023 y 2026. En los últimos doce meses, las internaciones registraron además un salto del 12 por ciento, de acuerdo con la información aportada por las máximas autoridades sanitarias de 14 provincias.

Una presión que se siente en todo el sistema

El informe, presentado ante el Senado en el marco del debate por la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, advierte sobre un crecimiento sostenido de la demanda y describe una situación de exigencia sobre los servicios provinciales. Las jurisdicciones relevadas abarcan a más del 70 por ciento de la población argentina y son Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. También participaron del encuentro Entre Ríos y Río Negro.

El aumento alcanza con mayor intensidad a niñas, niños y adolescentes, y también a personas que perdieron la cobertura de obras sociales o prepagas y pasaron al sistema público. El relevamiento no presenta una causa única para ese fenómeno, pero sí deja en claro que la atención necesita ampliarse más allá de los dispositivos tradicionales.

• Aumentar la inversión en salud mental.
• Ampliar la infraestructura y los recursos humanos.
• Garantizar el acceso a los medicamentos.
• Producir información Epidemiológica nacional de calidad.
• Recuperar una coordinación efectiva entre Nación, provincias y municipios.

Más camas, pero con equipos al límite

Entre 2021 y 2026 se incorporaron al menos 388 camas de salud mental a hospitales generales. Además, 13 de las 14 provincias relevadas ampliaron sus redes comunitarias mediante centros de día, equipos territoriales, viviendas asistidas y dispositivos para el abordaje de consumos problemáticos.

Ese despliegue, sin embargo, no alcanza para revertir la presión. Las autoridades provinciales describieron sus capacidades como sobreexigidas y señalaron las dificultades para completar los equipos con disciplinas críticas. En un sistema que ya recibe más consultas, la falta de personal y de recursos puede convertir una respuesta posible en una atención tardía, fragmentada o insuficiente.

El informe fue presentado mientras el Congreso debate una reforma de la ley vigente desde 2010. Las autoridades provinciales plantearon que la propuesta elimina marcos y garantías sobre los que se sustenta la política de salud mental, sin incorporar el financiamiento necesario para ampliar la capacidad de respuesta de los sistemas públicos. El desafío, coincidieron, no es solamente sumar camas o dispositivos, sino sostener una red articulada que pueda acompañar cada vez mejor a quienes necesitan atención.