Mendoza abre una mesa de conciliación para deudores del consumo y establece topes por ingreso y por monto

La Provincia de Mendoza puso en marcha un mecanismo gratuito de conciliación orientado a consumidores finales que necesitan renegociar deudas de tarjetas de crédito, préstamos personales y otros compromisos vinculados al consumo. La instancia, administrada por Defensa del Consumidor, no impone soluciones unilaterales: cualquier cambio en las condiciones de pago depende de un acuerdo con los acreedores (Ministerio de Gobierno de Mendoza).

Vamos a los números. El procedimiento está pensado para hogares en los que los compromisos financieros superan el 30% de los ingresos mensuales netos de quienes conviven bajo el mismo techo. En situaciones de especial vulnerabilidad social, ese umbral desciende al 25% y se amplía el universo de beneficiarios alcanzados por la medida (Ley Provincial 9.142 y normativa complementaria).

Quiénes pueden acceder y bajo qué condiciones

Para iniciar el trámite, la persona solicitante debe tener domicilio real en Mendoza, ser consumidora final y acreditar una situación grave o inminente de insolvencia personal o familiar. El universo de especial vulnerabilidad contempla hogares con menores a cargo, personas con discapacidad, jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, desempleados, beneficiarios de programas sociales y trabajadores informales.

A esos requisitos se suma un tope de capital adeudado: el monto total no puede superar el equivalente a cien salarios mínimos, vitales y móviles vigentes al momento de solicitar la intervención. En los hechos, esto acota la herramienta a deudas de consumo de magnitud media, sin contemplar grandes exposiciones financieras (Resolución del Ministerio de Gobierno de Mendoza).

Qué deudas entran y cuáles quedan afuera

• Incluidas: préstamos personales, financiamiento de compras, tarjetas de crédito y créditos otorgados por plataformas financieras autorizadas, mutuales y cooperativas.
• Excluidas: obligaciones con garantía hipotecaria, deudas alimentarias, multas y sanciones penales.
• Excluidas: deudas empresariales o comerciales ajenas al consumo familiar.

Comparado con el mismo mes del año anterior, la Provincia sostiene que la herramienta busca ordenar la negociación en un contexto en el que las cuotas de tarjetas y préstamos al consumo concentran buena parte de la presión sobre los ingresos de los hogares, aunque no difundió cifras específicas de adhesión o de acuerdos homologados.

Cómo es el procedimiento

El trámite se inicia en la Oficina de Conciliación de Reestructuración de Deudas de Consumo (OCDC). Quien lo promueve debe presentar el detalle de acreedores, los importes adeudados y un inventario actualizado de activos y pasivos. Defensa del Consumer luego cita a los acreedores, que cuentan con hasta diez días hábiles para responder.

Las alternativas que pueden discutirse en la mesa incluyen la extensión de los plazos de pago, períodos de gracia, quitas sobre intereses punitorios y gastos por mora, y nuevos esquemas de cuotas. La Provincia no tiene facultades para imponer esas condiciones: el resultado depende de la voluntad de las partes y de la homologación posterior del acuerdo.

Indicador a seguir

La próxima señal relevante será la cantidad de audiencias celebradas en la OCDC y el porcentaje de acuerdos efectivamente homologados, datos que Defensa del Consumidor de Mendoza debería comenzar a publicar para dimensionar el alcance real del nuevo régimen.