Procesan a un hombre por una estafa con falsos negocios en dólares: dos hermanos perdieron 55.000
La Justicia le trabó un embargo por 162 millones de pesos y la causa ya fue elevada a juicio oral. El acusado se presentó como asesor financiero, pagó supuestas ganancias durante meses y después dejó de responder.
La Justicia procesó a J.G., de 39 años, por estafar a dos hermanos con la promesa de inversiones en dólares que nunca existieron. El procesamiento fue dispuesto por el juez Martín Yadarola, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 2, sin prisión preventiva y con un embargo sobre los bienes del acusado por 162 millones de pesos, según fuentes judiciales.
La maniobra se extendió entre enero de 2022 y los primeros meses de 2023. En ese período, los damnificados entregaron al imputado un total de 55.000 dólares, distribuidos en sucesivas reuniones en cafés del barrio porteño de Recoleta. Uno de los hermanos aportó 10.000 dólares en varias operaciones, mientras que su hermana sumó 15.000 dólares adicionales. En ninguno de los casos, según la denuncia, se extendieron recibos ni constancias formales.
Devoluciones parciales para sostener la confianza
Durante los primeros meses, el acusado realizó devoluciones parciales que presentó ante las víctimas como rendimientos generados por las supuestas inversiones. Esos pagos, siempre en montos menores al capital entregado, cumplieron la función de reforzar la apariencia de legitimidad del negocio y de motivar nuevos aportes. A partir de febrero de 2023, cuando los hermanos reclamaron la devolución íntegra del capital, el hombre comenzó a postergar las respuestas con distintos pretextos y en agosto de ese año dejó de contestar de manera definitiva.
“No te voy a atender nunca más. Y lo llamás de nuevo a mi viejo y no me ves más. Yo manejo los tiempos, no vos.”Mensaje de WhatsApp enviado por el acusado a una de las víctimas, incorporado al expediente
El procesamiento y la calificación legal
Los damnificados formalizaron la denuncia en marzo de 2024. Tras la instrucción de la causa, el juez Yadarola dictó en febrero pasado el procesamiento sin prisión preventiva. El delito endilgado es administración fraudulenta, figura contemplada en el Código Penal con una escala penal que va de un mes a seis años de prisión. En el fallo, el magistrado sostuvo que el acusado habría montado un escenario que captó la confianza de las víctimas, simulando trayectoria, conocimiento financiero calificado y acceso a circuitos de inversión exclusivos.
En su declaración, J.G. negó los hechos tal como fueron planteados por la acusación. Reconoció haber recibido 30.000 dólares, una cifra inferior a los 55.000 consignados en el expediente, y atribuyó los incumplimientos a la difícil situación financiera de 2023, que a su entender habría impactado en el rendimiento de las operaciones. El juez consideró insuficiente esa explicación frente al conjunto de pruebas reunidas, entre ellas los mensajes de WhatsApp, los registros de transferencias y los testimonios de los damnificados.
La causa ya fue elevada a juicio oral, según confirmaron fuentes judiciales. La próxima instancia será la fijación de fecha de debate ante el Tribunal Oral que resulte sorteado, donde se resolverá la responsabilidad penal del acusado y, en caso de condena, el monto de la pena y la reparación económica para las víctimas.
