Robotaxis a la deriva: en Estados Unidos cada ciudad hace la suya mientras Washington mira para otro lado

¿A alguien le sorprende que en Estados Unidos, el país que más habla de innovar, no haya podido ponerse de acuerdo sobre cómo regular un auto que se maneja solo? A mí ya no. La parálisis del Congreso federal —esa cámara donde las leyes de movilidad llevan años trabadas entre lobbies— dejó un agujero tan grande que hoy cada ciudad intenta taparlo como puede. Y el resultado es un patchwork regulatorio de manual: cada municipio con su propia regla para los robotaxis.

Para ubicarnos: cuando decimos robotaxis hablamos de los taxis sin chofer, esos que en Argentina veríamos como un remise del 2030 pero que ya circulan en Estados Unidos por millones. Las siglas más conocidas son dos: Waymo (la empresa de Alphabet, el dueño de Google, que en criollo vendría a ser el tío rico de internet) y Tesla, que quiere imponer sus Cybercab, autos sin volante ni pedales, una idea tan audaz como preguntarles a los bomberos cómo los van a remolcar.

¿Qué hace cada ciudad mientras el Congreso mira el techo?

• Minneapolis: el Concejo Municipal trabaja en una ordenanza que obligaría a tener un operador humano pago adentro de cada robotaxi. La concejala Robin Wonsley dijo textual que la ciudad no le va a armar el escenario para que las grandes tecnológicas "desplacen a nuestros trabajadores". Waymo respondió que la medida equivale a "una prohibición de hecho" y recordó que hoy opera más de 500.000 viajes semanales en 15 ciudades sin nadie sentado del lado del conductor.
• San Diego: el Concejo aprobó una resolución que prohíbe a Waymo operar en el aeropuerto internacional y otorga a las agencias locales control directo sobre los vehículos autónomos en emergencias. El concejal Sean Elo-Rivera apuntó que los conductores y los pequeños comercios "cumplen regla tras regla para ganarse la vida".
• Austin: los bomberos pusieron el grito en el cielo con los Cybercab de Tesla, que no tienen volante ni pedales. Piden protocolos de remolque exprés y canales directos con operadores humanos para emergencias. Un pedido razonable: en Santa Fe ya cuesta encontrar quién te auxilie, imagínense cuando el auto no tiene Timón.
• Washington D.C.: el concejal Charles Allen empuja el proyecto más minucioso. Quiere limitar a doscientos vehículos la flota de cada operador, postergar el inicio del servicio comercial hasta 2028 y cobrar una tarifa por milla recorrida para financiar el subterráneo y compensar a conductores de apps. Si la comisión lo vota antes de fin de noviembre, el pleno definiría en diciembre.

Hay algo casi cómico en esta foto: una industria que vende futuro terminó dependiendo de concejales municipales para saber si puede trabajar. Waymo y Tesla soñaban con una ley federal única —la famosa preemption— que barriera con las dudas de cada intendencia de un plumazo. Pero el Congreso, que tiene la misma velocidad para sancionar estas cosas que la AFIP para devolver saldos a favor, no movió un dedo. Y ahora, en lugar de un marco ordenado, hay una novela por episodio con cuatro ciudades escribiendo su propio guion.

El nudo del asunto es conocido: los gobiernos locales no tienen jurisdicción sobre los estándares de fabricación del auto, esos los maneja el gobierno federal. Pero sí pueden decidir quién circula, dónde y bajo qué condiciones. Es la diferencia entre decirte cómo tiene que ser el motor y decirte en qué calle podés estacionar. Y ahí, municipio por municipio, se están cocinando reglas que van desde pedir un humano adentro hasta directamente correr a los robotaxis del aeropuerto.

¿Sirve este sistema de parches hasta que aparezca una ley nacional? Puede ser. Pero también puede ser una trampa: una pyme que quiera probar su tecnología hoy necesita leer cuatro ordenanzas distintas antes de cruzar una calle imaginaria entre Minneapolis y San Diego. Para una gigante como Waymo es un dolor de cabeza; para cualquiera más chica es una lápida.

Por ahora lo dejo acá, porque la verdadera prueba llega en diciembre, cuando el Concejo de Washington D.C. vote el proyecto de Allen. Si avanza, el efecto cascada puede arrastrar a otras ciudades. Si se cae, el Congreso seguirá estirando la definición de "estudio serio" hasta el próximo lustro. Veremos.