La fila invisible: cuando conseguir una terapia, una prótesis o un certificado puede costar meses en Córdoba

Son las diez de la mañana y en la puerta de un hospital público de la ciudad de Córdoba ya hay una decena de personas esperando que abran las ventanillas. Algunas vinieron desde hace varias horas para intentar conseguir un turno que les permita certificar una discapacidad, otros están allí para pedir una interconsulta con un especialista o para renovar la documentación que les da derecho a una cobertura. La escena se repite en siete hospitales que funcionan como juntas evaluadoras, según describió la Defensoría del Pueblo provincial en un informe presentado el 5 de octubre de 2026.

El documento, elaborado a partir de entrevistas y grupos focales, no pretende medir estadísticamente la cantidad de casos ni su frecuencia, pero sí reconstruir lo que atraviesan las personas que necesitan acceder al Certificado Único de Discapacidad (CUD), a terapias de rehabilitación, a prótesis y a medicamentos. Las esperas que se describen no son de unos pocos días: los turnos en hospitales pediátricos se otorgan con demoras de dos a tres meses, mientras que las prótesis y los medicamentos pueden tardar entre cuatro y nueve meses, y el acceso a centros de rehabilitación se estira entre nueve y catorce meses.

Lo que muestra el relevamiento

• Turnos para certificar la discapacidad: dos a tres meses en los hospitales pediátricos que funcionan como juntas evaluadoras; el resto de las especialidades también presenta demoras según el área.
• Prótesis y medicamentos: esperas de cuatro a nueve meses, de acuerdo con lo expuesto por el defensor del Pueblo adjunto Carlos Galoppo.
• Centros de rehabilitación: ingresos que se demoran entre nueve y catorce meses.
• Costos de bolsillo: una madre entrevistada sostuvo alrededor de dos años de atención particular y describió desembolsos de entre $150.000 y $180.000 sólo en sesiones, más gastos en transporte y apoyos escolares.
• Impacto sobre las mujeres: testimonios de madres que redujeron su jornada laboral y sus ingresos para hacerse cargo de los cuidados.
• Pagos a prestadores: atrasos de varios meses y hasta un año en los pagos de obras sociales y programas estatales, con un aumento del 225% en los aranceles del nomenclador nacional entre diciembre de 2023 y agosto de 2026 frente a una inflación acumulada del 336%.

María, vecina de barrio Alberdi y una de las madres que participó de los grupos focales, resume el sentimiento con una frase que se repite en varias entrevistas: "sentís que el tiempo pasa y nadie te da una fecha clara". Para ella, lo más difícil no fue sólo el costo, sino la sensación de que cada paso nuevo —el certificado, la primera entrevista con el especialista, la derivación al centro de rehabilitación— parece empezar de cero. Mientras espera, sigue pagando sesiones por su cuenta.

El informe también pone la lupa sobre los prestadores. Señala que la diferencia entre los aumentos tarifarios y la inflación acumulada, sumada a los retrasos en los pagos, configura un escenario donde los centros de rehabilitación y los profesionales atraviesan dificultades para sostener los servicios. El transporte, otro insumo básico para sostener los tratamientos, mostró una brecha todavía mayor: entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, la nafta súper subió un 559% mientras que el valor reconocido por kilómetro lo hizo un 231%, según los datos volcados en el documento.

Cuando termina la mañana en la puerta del hospital, la fila se mueve lentamente. Una mujer con un niño en brazos se acomoda contra la pared y mira el reloj; otro padre revisa una carpeta con pedidos de turnos que arrastra desde el año pasado. La escena con la que se abre esta nota es una de las tantas que describe el informe de la Defensoría del Pueblo, y que cuenta, en definitiva, lo que significa esperar meses por una rehabilitación, una prótesis o un certificado: una carrera de obstáculos donde el tiempo se vuelve el recurso más caro.